Llevamos muchos meses en España con un debate sobre la mesa: la amnistía política para los delitos cometidos en los días de la consulta independentista en Cataluña en octubre de 2017. A niveles políticos, jurídicos y periodísticos parece que este debate se ha establecido en un "sí" o un "no" sin caminos intermedios o sin que parezca que haya alguien que no tenga su "sí" o su "no" claro. Se han escrito y dicho con razonamientos jurídicos y políticos la posibilidad y la imposibilidad de la amnistía, diciéndose cosas que incluso son contradictorias interpretando cada uno la Constitución sobre si tiene cabida legal o no. Lo cierto es que incluso el Tribunal Constitucional ha dicho el pasado 4 de octubre que hay veintidós sentencias de la actual monarquía parlamentaria que respaldan las amnistías como algo perfectamente legal. La Constitución no prohíbe crear amnistías, de hecho el Partido Popular (PP) durante el gobierno de Mariano Rajoy ya creó una amnistía por delitos fiscales en 2012, sin que por entonces tuviera los reparos que ahora tiene y sin que alegase que se rompería España. La propia monarquía parlamentaria actual es posible gracias a la piedra angular de la Transición: la amnistía política de 1977 para todas aquellas personas, partidos y sindicatos que en su día fueron inculpadas por leyes condenatorias por defender la legalidad republicana, así como los que posteriormente se opusieron a Franco durante la dictadura. El presidente Adolfo Suárez creó hasta dos amnistías para lograrlo, una en 1976 y otra en 1977, la segunda incluso benefició a una parte de miembros de la banda terrorista ETA, muy activa por entonces. Más allá de las amnistías, también han habido innumerables indultos, cuyo carácter legal apunta más al delito, no tanto a lo político. De hecho desde que tiene la presidencia de gobierno el PSOE con Pedro Sánchez, desde 2018, se han producido diversos indultos a participantes del referéndum ilegal del proceso independentista catalán, dando por resultado una tranquilización social en Cataluña.
Han habido amnistías políticas en otros países recientemente, como Canadá o Francia, las cuales son democracias (algunos alegaron falsamente las amnistías eran cosa de dictaduras y absolutismos). Las amnistías no han supuesto una ruptura de ellos mismos ni una confrontación entre sus gentes, todo lo contrario, ha ayudado a encauzar la convivencia entre los que se veían en conflicto.
Sea como sea, tampoco significa la amnistía la ruptura del régimen. Los ejemplos citados son una muestra, pero las mismas amnistías españolas de 1976 y de 1977 no rompieron España, sino que ayudaron a retomar la democracia y la convivencia. Previamente la dictadura franquista había otorgado cinco amnistías entre 1936 y 1975, a las que se unían algunas leyes exculpatorias, especialmente para descargar responsabilidades a los que se unieron a los alzados contra la República en 1936, y unos trece indultos generales. Por cierto, hasta tres de sus amnistías fueron dedicadas a delitos monetarios y fiscales.
Se alega que la imposibilidad de la amnistía que se plantea ahora se debe a que en ella están implicados en pactar sus términos los propios inculpados. Bueno, en las amnistías de Adolfo Suárez de 1976 y 1977 también lo estaban. Son más que conocidos sus contactos con partidos y políticos de izquierdas, así como con sindicalistas, antes de legalizarlos precisamente para tratar el tema de su legalización y de su encaje en la nueva monarquía parlamentaria. Sobra citar la más que famosa entrevista que tuvo con Santiago Carrillo, por ejemplo, líder del Partido Comunista de España. Si nos vamos más atrás, habría que anular la amnistía que el franquismo se dio a sí mismo el 13 de septiembre de 1936 para perdonar a todos los militares que se unieron en julio a la rebelión militar encabezada por Mola, Goded, Franco y otros generales. En realidad eran rebeldes contra la República, dentro de la zona alzada eran considerados leales a España, con esta ley de amnistía lo que se hacía era poner legalidad desde la zona golpista que buscaba ganar la guerra y a la vez crear un nuevo régimen político. Pensemos que en un principio la dictadura militar no era una monarquía, era una república hasta que Franco la pasó a monarquía sin rey por ley en 1947, designando como heredero de la corona cuando él, Franco, muriera, a Juan Carlos de Borbón en 1969. Y también habría que anular otra amnistía que el franquismo se dio a sí mismo el 23 de septiembre de 1939, la llamada "autoamnistía", por la cual se perdonaba todos los delitos políticos y todo tipo de crímenes cometidos durante la guerra siempre y cuando hubiesen sido cometidos para sumarse o ayudar al llamado Movimiento nacional, o sea: al franquismo. Aunque en esta amnistía hubo algún caso anecdótico de personas comunes republicanas que se pudieron beneficiar, era algo extraño y testimonial. Así pues, es difícilmente aceptable rechazar la validez o no de la amnistía que se presenta ahora porque se alegue que intervienen personas que se pueden beneficiar, sin que a la vez se rechacen esas amnistía de 1936, 1939, 1976 y 1977 que, unas de una manera que nos gusta más y otras menos, son la que conformaron la posibilidad de esa convivencia de la que ahora gozamos, aún a pesar de que en las de 1936 y 1939 había altas dosis de injusticia para aquellos que defendiendo la legalidad republicana en esas fechas eran ejecutados, encarcelados, exiliados o debían callar y/o recibir otros tipos de represiones más o menos graves.
Por otra parte, como un jurista recordaba en Cadena SER días atrás, recibir los beneficios de una amnistía pone en blanco lo hecho hasta ese momento, pero eso no impide que si después incurre otra vez en lo mismo y eso mismo sigue siendo delito, sea de nuevo objeto de detención, procesamiento judicial y condena. De ahí que los catalanes independentistas busquen atar la posible amnistía con un proceso de referéndum de autodeterminación pactado con el Estado. Aunque ambas cosas parecen inseparables, la cosa es que son cosas diferentes. La conveniencia de la amnistía parece evidente para normalizar la vida en Cataluña, más allá de los grandes nombres de la política, para hacer tabla rasa con aquellas personas anónimas que en esos días fueron inculpados de diversas cosas por sus actos en aquellos hechos. Tal como ocurriera en 1976 y 1977, la amnistía puede ayudar al reencuentro democrático. El asunto del referéndum se puede tratar o no, y se puede estar a favor o en contra, pero no debe entenderse como algo atado sin poderse separar de la amnistía. Aunque parezcan algo íntimamente unido, no es así. Se puede abrir un diálogo sobre su conveniencia o no, pero ese diálogo es otro. De lo que se trata ahora mismo es de hablar de la amnistía, y no como algo para que Sánchez gobierne sin más, como sostiene la derecha, sino como algo para normalizar la vida y la convivencia en España y en concreto en Cataluña.
Fuera de los razonamientos jurídicos que tan finamente se desarrollan estos días, en algunos casos de manera gruesa, quepa la utilidad política social que puede ofrecer la amnistía. En un viejo dicho chino, gato blanco o gato negro, lo importante es que cace ratones. O siguiendo el pensamiento político europeo, en voz de Maquiavelo en el siglo XVI, lo importante es la finalidad del acto político, en este caso, el regreso a la normalidad democrática. La paz social en Cataluña en aquellos sectores donde aún no termina de llegar.
Ya expliqué el pasado mes de abril los sucesos de 1934, los de la huelga revolucionaria de octubre, que llevaron al gobierno de derechas de la República en aquel año, de Lerroux, a prohibir a todos los partidos y sindicatos de izquierdas y encarcelar a sus líderes, lo que creaba una anormalidad democrática en Europa que hacía que se cuestionase internacionalmente la validez de las elecciones previstas para inicios de 1936. Tras fuertes debates, Lerroux tomó la iniciativa de crear una amnistía en enero de 1935. Ayudó a encauzar la situación, a pesar de que la extrema derecha y determinados sectores de la alta burguesía y la Iglesia no terminaron de aceptar ni la amnistía ni que los partidos de izquierda hicieran la coalición política Frente Popular, que ganó electoralmente en febrero de 1936. No obstante, la Ley de Responsabilidades Políticas, creada por Franco, aparte de culpar de la guerra a los republicanos y no los propios militares alzados contra el gobierno, fijaba el comienzo de la guerra en octubre de 1934, y no cuando realmente fue, en el levantamiento militar de julio de 1936. Fuese como fuese, el propio Lerroux comprendió en los meses finales de 1934 que la normalidad democrática sólo residía en la legalidad del rival político y el goce de sus derechos y libertades al igual que el de quien no era rival político. Sobre todo esto ya hablé más extenso en la Noticia 2218ª.
Más aún, en el mismísimo 10 de octubre de 2017 yo mismo en esta bitácora, en la Noticia 1744ª, analizaba los acontecimientos, que se estaban dando al mismo tiempo, y con la reflexión de historiador yo ya entonces dije que la solución futura pasaría por una amnistía, que erróneamente yo creí que se daría en 2018, pero no se dio entonces. Como ya se ha dicho, PSOE y Unidas Podemos en coalición concedieron algunos indultos que han tenido una utilidad social de apaciguamiento indudable, a la vez que ha ayudado a poder ejercer el gobierno en el Congreso estos últimos cuatro años gracias a los votos de Ezquerra Republicana per Catalunya (ERC), un gobierno que ha sacado numerosa legislación social, de derechos y el aumento del salario mínimo, por ejemplo. Ahora se plantea la amnistía en 2023, o al menos acordarla en este año, si bien el máximo reparo que se le pueda objetar sea que pareciera que se hace con el objetivo de mantener a la coalición PSOE-Sumar en el gobierno, más que a la normalización democrática de la sociedad. Sea como sea, gato, blanco, gato negro, lo importante es que cace ratones.
Otra objeción que se puede hacer es cuánto pide el nacionalismo catalán para constituir ese gobierno, si es proporcionado o no, aceptable o no, ya que van más allá de la amnistía o del reconocimiento de las lenguas cooficiales en el Congreso. Pero en lo que es la amnistía, era evidente que tarde o temprano se debía dar y, a pesar de lo que dice el PP, incluso ellos algún día debían abordarlo si alcanzaban gobierno, aunque con Vox de aliado eso era imposible.
El siglo XIX español está lleno de amnistías innumerables, fueron muy útiles para apaciguar la convivencia por ejemplo tras las guerras carlistas, o entre liberales y conservadores tras las graves represalias de Fernando VII contra los liberales, no obstante en sus últimos años de vida comprendió que su hija Isabel sólo podría ser reina con el apoyo de los liberales, a los que siempre había perseguido.
Pero a la vez los amnistiados futuros necesitan hacer su parte de los deberes, con un compromiso de diálogo y paz social, como ha ocurrido en toda amnistía. Pensemos que si se formara gobierno PSOE-Sumar sacar adelante cuatro años de gobierno puede ser algo difícil o imposible si no hay colaboración de la mayoría de los diputados del Congreso, sean del partido que sean.
El arduo camino a la amnistía.
Saludos y que la cerveza os acompañe.
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