Con un poco de retraso escribo hoy de la fiesta de la Constitución, como hago casi todos los años. Este año voy a elegir dos artículos que estarían de cierta actualidad. Por un lado el artículo 31, del Título I, capítulo segundo, sección segunda, que trata de los derechos y los deberes fundamentales de los ciudadanos. Pues ese artículo 31 dice:
31.1 Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
31.2 El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.
31.3 Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.
Hace unas semanas hablaba con un conocido de otros temas y surgió la ocasión de gastar una broma sobre los jóvenes que ganan una gran cantidad de dinero a través de Internet y este año se fueron a vivir a Andorra para evitar pagar impuestos en España, razonando ellos que les resultaba injusto el porcentaje que pagaban. Esto nos llevó a hablar de que esto no es nuevo y que ya en los años 1980, por ejemplo, lo habían hecho la familia de tenistas de los Sánchez-Vicario, según recordábamos ambos. En todo caso, mi conocido tiene un sesgo político bastante conservador y en esta conversación que partió de una broma mía con Andorra y los impuestos, surgió en él de repente, inesperado para mí, un enfado enorme e inusitado defendiendo a ultranza su derecho a irse a Andorra porque, según él, el gobierno "socialcomunista" no debe obligar a nadie a pagar más impuestos por ganar más dinero.
Este discurso lo han alimentado bastantes políticos de las derechas en los últimos tiempos, siendo además que el término "socialcomunista" lo han introducido en los últimos años los partidos de extrema derecha para indicar además algo irreal, tanto el carácter de este gobierno constitucional, como filtrar la idea falsa de vivir en dictadura.
La cosa es que el pago de más porcentaje de impuestos a los que más tienen se debe a algo que ocurre en casi todos los países democráticos, y que además es parte del origen de las democracias modernas desde la Revolución por la Independencia de Estados Unidos y desde la Revolución Francesa. Se llama progresividad fiscal y está destinada a crear, aunque parezca paradójico, una igualdad de oportunidades y algo de justicia social. En el caso de España la progresividad fiscal está recogida en el artículo 31.1 de la Constitución que en 1978 aprobaron los representantes de todos los partidos políticos que sacaron la mayoría de la representación parlamentaria, incluida la derecha en manos de Alianza Popular, posterior Partido Popular y que por aquel entonces, no lo olvidemos, fue fundada por exministros de Franco, como fueron Fraga y Arias Navarro, al igual que había exministros de aquella dictadura de derechas en la Unión de Centro Democrático, como por ejemplo lo fue el mismísimo presidente Adolfo Suárez.
La progresividad fiscal, de hecho, no es cosa solo de la Transición democrática de 1978. Ya existía desde mucho antes, pero no me voy a remontar hasta la República o a la monarquía de Alfonso XIII, el propio franquismo tenía esa progresividad fiscal. La dictadura no gozaba de Constitución, evidentemente, pero el conjunto de derechos y deberes fue recogido en lo que se llamó el Fuero de los Españoles. Nada más y nada menos que en el artículo 9º de ese fuero se dictaminó que:
Los españoles contribuirán al sostenimiento de las cargas públicas según su capacidad económica. Nada estará obligado a pagar tributos que no hayan sido establecidos con arreglo a la ley votada en Cortes.
El artículo es breve pero explícito: Franco también dictaminaba que debía existir progresividad fiscal, o lo que es lo mismo dependiendo de cuánto dinero tenías pagabas tanto o cuanto.
En ese mismo sentido, el precio disparatado de la electricidad provoca auténticos dramas e injusticias. El mero recuerdo estos últimos meses de que el Estado podría intervenir a las empresas eléctricas ha provocado que estas mismas personas lleguen a volver a agitar el argumento de gobierno "socialcomunista", como si fuera una suerte de dictadura de izquierdas. Sin embargo, la Constitución de 1978 es la primera que sentencia que esa posibilidad es democrática y legítima para el interés general. En el artículo 128 se estipuló:
Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.
Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general.
Por tanto la intervención de empresas es parte perfectamente de nuestro sistema democrático en caso de que se produzcan abusos y monopolios ya que todas las riquezas del país se subordinan al interés general de todos los españoles, y no al particular de algunos españoles. Siguiendo este razonamiento este punto también es punto de roce y conflicto, pero para un determinado sector de los que lanzan acusaciones de corte político muy determinado, hay que recordarles que también el Fuero de los Españoles, un código legal que teóricamente les agradaría más, también decía en su artículo 30º:
La propiedad privada, como medio natural para el cumplimiento de los fines individuales, familiares y sociales, es reconocida y amparada por el Estado.
Todas las formas de la propiedad quedan subordinadas a las necesidades de la Nación y el bien común.
La riqueza no podrá quedar permanecer inactiva, ser destruida indebidamente ni aplicada a fines ilícitos.
Así pues, el debate político actual está muy polemizado desde la desinformación y un conocimiento tópico de la Historia y de lo que las diferentes ideologías defienden. Incluso aquellas personas que tengan pensamientos más extremadamente conservadores, antes de lanzar tal o cual argumento, deberían tener claras sus ideas o los orígenes de las mismas. La cosa es que llevado este razonamiento a aquel suceso particular de mi vida, resulta curioso el breve enfado que cogió mi conocido ante la broma por la evasión fiscal y la progresividad fiscal, creo, sinceramente que desconocía que incluso sus creencias, o creencias aparentemente afines a él, defendían exactamente la misma idea, aunque evidentemente el Fuero de los Españoles en su conjunto es algo totalmente contrario a los valores democráticos de la Constitución. La cuestión está en el enfoque y uso que se hace de estos derechos y deberes, aunque mirados en lo concreto, en lo particular, usan la misma herramienta para esos fines diferentes, en este caso la progresividad fiscal. La herramienta para ambos conceptos políticos tan distantes entre sí parece idónea para la búsqueda de justicia social. Una justicia social, insisto en ello, que varía, que cambia en cuanto en qué debe consistir ese concepto cuando se tiene en cuenta todo el conjunto de uno o de otro código legal, el Fuero de los Españoles y la Constitución. El primero avala una dictadura de ultraderecha, el segundo una monarquía parlamentaria que funciona con democracia. En todo caso, el concepto de progresividad fiscal subyace en la idea de que la justicia social se alcanza a través de su aplicación y no en su eliminación.
Y con la reflexión de este año sobre articulado de la Constitución os dejo por hoy. No escribí antes porque estaba muy metido en la venta de mi nuevo libro que trata, precisamente, sobre una pérdida de libertad en la dictadura que precisamente lo que hacía era crear injusticia social: La depuración de maestras y maestros en Alcalá de Henares (1939-1941). Saludos y que la cerveza os acompañe.
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