Artículo 11
11.1- La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley.
11.2- Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.
11.3- El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen.
(Constitución Española, 1978).
Estamos en el puente festivo de diciembre y este año le quiero dedicar la entrada al artículo 11 de la Constitución. En este artículo se trataba sobre la nacionalidad española y estaba muy dirigido a reconocer como españoles a aquellos que establece la ley, que son los que los son por nacimiento en un territorio español, aunque se pierda ese territorio y aquellos otros que se nacionalizan españoles o bien adquieren la doble nacionalidad por haber pertenecido a un antiguo territorio español a lo largo de nuestra Historia. Es bien remarcado que ningún español de origen podrá ser privado de la nacionalidad española, esto es: ninguna persona nacida en territorio español podrá ser privado de su condición de español. Cuando se escribió esto en 1978 había muchas personas que habían nacido en territorios españoles que habían dejado de serlo, el Protectorado Español de Marruecos (Norte de Marruecos), que dejó de serlo en 1956, Guinea Española y Fernando Poo (actual Guinea Ecuatorial, independiente desde 1968), Sidi Ifni (entregado a Marruecos en 1969) y Río de Oro y Sahara Español (actual Sahara Occidental, desambiguado, independiente de España, desde 1975).
Hace ya unos cuantos años, en uno de mis trabajos como archivero en el Archivo General de la Administración, trabajaba en una sala donde un funcionario dedicaba su tiempo a buscar la mayor parte de las veces sin resultado algún documento que acreditara que tal ciudadano del Sahara Occidental que nació español y vivió como tal, sin que tras 1975 hubiera hecho renuncia expresa de ese origen, había trabajado las primeras décadas de su vida laboral antes de que España se marchara del Sahara, por tanto: que había cotizado como español y ahora que se jubilaba le corresponde sus años cotizados en esas épocas. Un asunto tan peculiar como complejo. Algo complejo ya no solo por cómo eran las cosas antes de 1975 en aquel Sahara Español, sino también porque cuando yo trabajaba con esta coincidencia no era muy diferente el ambiente administrativo a lo ocurrido este mes de junio de 2020 en el Tribunal Supremo de Justicia de España, cuando en contra del artículo 11 de la Constitución Española se sentenció rechazar conceder de origen la nacionalidad española a los nacidos en el Sahara Occidental (se puede leer por ejemplo en ConfiLegal y en Cadena SER). La sentencia se hizo sobre una mujer nacida en Sahara Española en 1973, por tanto siendo el Sahara español, por lo que se sentenció en contra del artículo 11, o haciendo una interpretación contraria a su espíritu.
Sahara Española adquirió la independencia de España ante la presión de Marruecos en los últimos meses en vida del general y dictador Francisco Franco, durante la regencia como Jefe del Estado de Juan Carlos de Borbón, aún príncipe en ese momento y aún no rey. Fue una presión pacífica con una marcha civil y militar llamada Marcha Verde sobre la frontera del territorio que, por entonces, solo era un trozo del desierto del que se ignoraba algunos de sus recursos descubiertos después, pero cuyas aguas atlánticas son de las más ricas en pesca que hay. Ante los problemas políticos y sociales que había en la península, España se retiró de Sahara concediendo así su independencia a manos de los saharauis sin que, paradójicamente, esto se dijera abiertamente, por lo que se abría un largo conflicto entre el Sahara Occidental y Marruecos, del que España ha ido dando bandazos entre saharauis y marroquíes para no entrar en conflicto directo con Marruecos, nuestro vecino sur más directo, pero claramente conscientes de la hermandad con los saharauis y nuestras responsabilidades. No obstante, el territorio de Sahara Occidental fue reclamado por Mauritania, Marruecos y hasta por Argelia, originando una serie de conflictos a lo largo de las décadas y una larga guerra entre Sahara Occidental, con su ejército llamado Frente Polisario (al que Marruecos considera terroristas desde 2001) y Marruecos, que considera Sahara Occidental territorio suyo con autonomía y díscolo, pero que en realidad no tiene en la práctica control efectivo sobre él. La guerra llegó a un alto el fuego en 1990, sin que los desplazados civiles a campos de refugiados en pleno desierto hayan podido regresar nunca a sus ciudades y casas, ni a sus vidas normales, y siempre sometidos a los cortes de suministros o a los conflictos que puedan surgir con Marruecos y a veces con Argelia.
España nunca renunció de manera legal a su papel de metrópoli o potencia protectora, según el Derecho Internacional. No se produjo nunca ese formulismo. No es raro, tampoco lo hicimos a comienzos del siglo XIX cuando mediante guerras se independizó casi toda la América española, ese reconocimiento legal vino décadas más tarde, nación por nación, en el mismo siglo XIX. Caso análogo pasa con las islas de Guam y Hawaii, que aunque son de Estados Unidos hoy día, lo cierto es que en los tratados de 1898-1899 España no lo incluyó en sus capitulaciones al perder las guerras de Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Los Acuerdos de Madrid de 1975 entre España, Marruecos y Mauritania establecían de hecho una administración tripartita del Sahara Occidental. Carecían de base legal en el Derecho Internacional, pero eso es lo que se firmó. Así que, aunque el Sahara Occidental es en la práctica independiente de España, en la teoría no queda claro, y al menos en lo administrativo parece que seguimos ligados al territorio y a las personas, al menos teóricamente. Sea como sea, la poca claridad de todo esto no solo provocó una larga guerra entre saharauis y marroquíes, también provocó que el Sahara aún no haya podido disfrutar y usar de su independencia y que Marruecos siga ejerciendo presiones sobre ella. No obstante, Sahara Occidental fue vetada por muchas décadas en los organismos internacionales africanos y mundiales por Marruecos. Más aún, el uso de ascender en el escalafón militar, y así mejorar tu posición política y social, sueldo y jubilaciones, mediante actos de guerra por parte del ejército marroquí hace que de vez en cuando se aviven conflictos en pequeña y gran escala. Sobre todo esto es interesante leer el reportaje "Una guerra desde el limbo", publicado este mes de diciembre en el mensual de El Salto.
Sea como sea, Sahara Occidental no estaba integrada en España en calidad de colonia ni de protectorado, si no de provincia. Así es, era la provincia número cincuenta y tres española. No es de extrañar tampoco que en este mes se haya vuelto a pasar por las pantallas de cine el documental estrenado el pasado septiembre de 2019 llamado Provincia 53, subvencionado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).
Los noticiarios generalistas nos han hablado estas últimas semanas de la llegada masiva de inmigrantes a las islas Canarias, en un número inusual, lo que era un problema tanto por la Covid-19 como por las capacidades de acogida del gobierno canario. Ni más ni menos que habría crecido esa inmigración en un 1019%, decía Televisión Española. Pero a ningún noticiario se le ocurrió relacionarlo con la ruptura del alto el fuego entre Sahara Occidental y Marruecos, provocando un desvío de las rutas emigrantes y del tráfico de las mismas. Sólo en el informativo de TVE Informe Semanal del 21 de noviembre, en su reportaje sobre la llegada de emigrantes a Canarias, se muestra una gran cantidad de saharauis y marroquíes llegados en pateras y cayucos hacinados en la calle, uno de ellos afirma ser saharaui con su propia voz y afirma irse de allí porque está en guerra, la intervención apenas dura unos segundos. Efectivamente, desde comienzos del pasado mes de noviembre se ha vuelto a reactivar la guerra, solo El Salto le dedicó un reportaje entero, si bien en otros diarios apareció la noticia a modo artículo breve en páginas interiores de la sección internacional (véase El País, que informó quince días después, o ABC, que informaba que era el Frente Polisario el que rompió el alto el fuego y no al revés, por ejemplo).
La guerra recomenzó a raíz de incidentes reiterados por parte de la tropa marroquí con saharauis en donde se marcaron los límites fronterizos. Estos incidentes fueron a más, llegando a haber disparos, heridos y muertos. Por ello el Frente Polisario declaró por radio al resto de saharauis el estado de guerra y que Marruecos había roto el alto el fuego. Acto seguido hubo una gran cantidad de voluntarios saharauis para servir a la defensa de sus familias recluidas en campos de refugiados. Marruecos negó y niega que haya una guerra, si bien reconoce haber existido incidentes. Lo innegable es que existen pequeñas batallas y movilización de tropas. El Frente Polisario habla de grandes cantidades de muertos y heridos, así como de tener presos del ejército marroquí. Marruecos niega que haya presos de su ejército y niega los muertos. ¿Y España? ¿Qué hace España siendo la relación con ambos países tan estrecha? Nada. Ni siquiera hablamos de ello.
Sería ideal reconocer la independencia teórica y práctica, poder ejercer de interlocutores de paz, pero ese es un papel del que siempre hemos rehuido en este territorio vecino. No parece que hubiera lugar al diálogo.
En este contexto, en el 42º aniversario de la actual Constitución quiero dedicarle este año la entrada de esta celebración al artículo 11.
Saludos y que la cerveza os acompañe.
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