martes, agosto 29, 2017

NOTICIA 1734ª DESDE EL BAR: A ONCE DÍAS DEL MARATÓN DE EXAMENES

No he dejado pasar una semana sin escribir por aquí porque sí. Estamos a once días del primer examen de las oposiciones de archivero a las que me apunté. El próximo sábado 9 de septiembre, no el de este fin de semana, sino al otro, será el primer examen para facultativo de archivos del Estado. Luego las fechas transcurrirán su curso para la convocatoria del segundo examen, si paso el primero. Claro que como también me apunté a las oposiciones a ayudante de archivos del Estado, ese será el sábado 7 de octubre, y correrán más fechas para más examenes si paso ese también. Pero por si fallaran esos examenes aún me apunté a facultativo de archivos de la Comunidad de Madrid y a ayudante de archivos de la Comunidad de Madrid. Así que está todo el otoño y el invierno plagado de futuras fechas, tal vez hasta la primavera. No retrasaré tanto escribir en esta bitácora, y en otros sitios, por esos exámenes, no os preocupéis. Pero estos días sí he estado más metido en ese estudio para el examen del día 9. No os he dejado en malas manos, os escribí y os dejé estos siete días de ausencia por la bitácora con un relato de ciencia ficción que escribí por la muerte de Brian Aldiss (Noticia 1733ª).

También es cierto que he andado haciendo otras cosas aparte de estudiar, he estado preparando eventos de septiembre, escribiendo, leyendo, atendiendo burocracias y asuntos de mi vida privada y familiar. Y es cierto que han empezado las ferias y fiestas de Alcalá el pasado día 26, que traté de disfrutar por la noche, pues atender a hacer la cena familiar impidió que este año pudiera ir al pregón. Tampoco el domingo pude ir al espectáculo de luces de la noche, ni el lunes por la mañana atender al clásico vermuth con algunos de los amigos más antiguos, igual que no pude ir el sábado anterior, cuando vino uno de esos amigos desde Francia. Sólo salí ese sábado por la noche, tras ocho días seguidos metido en casa. Comprendo que este año vivo unas circunstancias especiales y transitorias. Leo en el programa de ferias que también me he perdido el vermuth benéfico que se suele celebrar y del que suelo participar, ya sea vermuth, o compra de bocadillo, empanada, paella, migas o lo que cada año se les ocurra a los peñistas de ferias, aunque ya algún año no había podido ser mi asistencia. Pero es lo dicho, en todo caso, las circunstancias de este año son muy particulares y concretas. Las comprendo. Son transitorias. Como las fiestas no acabarán hasta el domingo 3, y por medio hay incluso el cumpleaños de uno de esos viejos amigos y, ¡oh, sí, al fin!, el regreso de los fuegos artificiales, ya habrá tiempo para participar de algo más que esa noche del sábado pasado. 

Por lo demás, volviendo al asunto de las oposiciones a archivero, escucho en noticias que Cataluña, Barcelona, guardará todos los objetos y documentos que la gente depositó en Las Ramblas en recuerdo de las víctimas del acto terrorista reciente (Noticia 1731ª), que cuenta con ciento treinta heridos y dieciséis muertos (sin contar los terroristas que mató la policía en su intento de captura, seis de estos en total). Guardará todo excepto las velas, cuya cera se fundirá para hacer nuevas. Ignoro si las flores secas también serán descartadas. Imagino que de velas y flores se quedará una muestra. Lo demás, los muñecos de peluche y otros objetos, las cartas, fotos y otros documentos, serán guardados entre un museo y un archivo. Las noticias no han especificado qué museo ni que archivo, aunque daban por hecho que ya estaba todo catalogado, descrito y digitalizado. Para alguien que se dedica y trabaja en archivos no nos puede hacer otra cosa que esbozar una sonrisa, y no por la idea, si no porque sabemos que es totalmente imposible que esté ya, hoy mismo que lo recogen, identificado, descrito y catalogado, así como signaturado, digitalizado y demás. Y si lo que se pretende es dar prioridad a estos documentos frente a otros, con el atasco de tareas y falta de personal que hay en todos los archivos de España, pues lo que tenemos es un problema grave de... oportunismo. Gobernar a base de titulares puede infundar muchas cosas a la ciudadanía, positivas o no, pero no es lo más útil ni lo más aprovechable al servicio del ciudadano. Si se ha decidido guardarlo en un archivo será porque deba tener algún valor documental testimonial. De hecho, en realidad más que decidirse desde la política que se guarde todo en bloque, debería haberse dicho: vamos a archivarlo y a museizarlo, y para ello lo pondremos en manos de las Juntas Calificadoras correspondientes para que hagan su trabajo, como profesionales que son, y decidan expurgar lo que se haya de expurgar y conservar lo que se haya de conservar, pues, archivos y bibliotecas necesitan prestar servicio de conservación de la memoria, pero no son almacenes infinitos donde todo quepa, el espacio de estos depósitos, que no almacenes, es finito.

Los archiveros, junto a los investigadores, ya tenemos sistemas, procesos y medios para poder saber conservar una serie documental que pueda transmitir su valor y su testimonio, y estos procesos no implican a menudo la conservación completa de la documentación, se suele expurgar. No es este sitio para explicar cómo se hace o qué se valora, aunque por ejemplo los duplicados y reiteraciones no es preciso de ser guardados. Como sea, profesionales de archivos hay... y políticos también. Archivar algo o museizarlo, por otro lado, cuesta dinero y requiere de un personal y un trabajo constante, no es un mero ejercicio de depositarlo y ya está. No es así, no es algo tan simple. Por ejemplo, su tratamiento archivístico, su custodia, su conservación y a través de ella el control de temperatura, humedad, luz, carpetillas y cajas apropiadas de PH neutro, su digitalización y el mantenimiento del papel y de lo digital, su restauración cuando lo requiera, su fotocopiado, si alguien lo solicita, su puesta a disposición del investigador y del ciudadano, su publicidad y su exposición si procede, etcétera, todo esto requiere de trabajo, empleados, espacio, maquinaria y dinero. Un folio con un corazón donde dentro se lea "No tinc por" ("No tengo miedo") es un testimonio documental, ochocientos treinta y siete folios iguales, por poner un ejemplo, lo siguen siendo, pero quizá no es tan necesario conservarlos todos. Existen los muestreos. Cosa diferente es dejar lo imprescindible en el archivo, por necesario, y el resto en un arca para un museo. Así por ejemplo, un peluche puede ser metido en un archivo como testimonio, pero no es el lugar más adecuado, pues un peluche es un "documento" no muy apropiado para el archivo, quizá mejor en un museo. Aunque ante la obligación de los archivos de hacer exposiciones cada cierto tiempo para difundir y publicitar al ciudadano sus fondos, un peluche quizá es más llamativo que un folio con un texto manuscrito, por muy interesante que sea lo que el texto ponga. Como ejemplar para exponer viene bien el peluche, como documento de consulta quizá mejor el texto manuscrito. Como sea, para poder estudiar en el futuro el atentado de Barcelona, estos documentos serían inseparables en su consulta de todo lo conservado sobre Madrid 2004, así como otros documentos que ahora mismo son reservados o están en proceso administrativo, por razones obvias, me refiero a documentos de la policía, de los mossos, del gobierno, de los servicios secretos, de los juzgados, de Cataluña, etcétera. Lo que se va a guardar es sólo lo documental referente a la reacción de los ciudadanos que se manifestaron en Barcelona contra el atentado, pero para estudiar este atentado, ese fondo de archivo debiera ser relacionado con los fondos y series respectivas que se hayan generado desde 2004 (o antes) como aquellas que, generándose ahora, sean puestas en el futuro a libre consulta del ciudadano. Para eso queda mucho, pero con esto señalo que el tan urgente anuncio en los noticiarios sobre la disposición de estos documentos en un archivo responde más a una necesidad de comunicado político que se pueda rentabilizar, que de decisión que se pudiera anunciar más adelante una vez que los profesionales hayan comenzado a estudiar los documentos y decidir sobre ellos. No parece que la decisión tuviera que contar con los archiveros, tal como se ha presentado en las noticias, parece que sólo incumbía a los políticos. 

La transparencia en los archivos no es una cosa que haya nacido ayer a las 12:00 horas. En 1776 Suecia fue el primer país en legislar a favor de que sus ciudadanos tuvieran acceso libre a los archivos, exceptuando los documentos que comprometieran la seguridad nacional o la intimidad de las personas. Como veis, Suecia en 1776 tenía unas ideas muy avanzadas y democratizadoras en el final de la Edad Moderna, un poco antes de que se generalizaran las democracias tal como las entendemos hoy día. El resto de los países escandinavos le siguieron pocos años después. Francia introdujo de lleno el asunto durante la revolución de 1789-1799. Los archivos se volvieron públicos porque eran una condición necesaria para la democracia y el buen gobierno, aunque Francia sólo dejaba consultar los documentos que habían dejado de tener interés para el Estado, los considerados históricos o papeles viejos. Francia volvería sobre la apertura total de los archivos y su conservación con los hermanos Reclus durante la Comuna de París de 1871, fracasada. En Estados Unidos de América este asunto variaba de Estado en Estado. Cada uno tenía sus legislaciones y podían denegar o no el acceso a los documentos a los ciudadanos, incluso a los documentos que atañían al ciudadano. A lo largo del siglo XIX los diversos países de Occidente tuvieron idas y venidas con el acceso público o la restricción a los ciudadanos para las consultas de archivo. En general tuvo más aceptación la creación de bibliotecas y hemerotecas públicas como parte del saneamiento y la democratización de las diversas sociedades. Lo cierto es que los movimientos revolucionarios y contrarrevolucionarios en plena actividad violenta, caliente, así como el final de los gobiernos autoritarios, tendían más a la destrucción de documentación que a su conservación, aunque en frío en todos estos movimientos políticos siempre surgía la necesidad de documentar y de conservar. Estados Unidos no asentaría una ley federal para que cualquier ciudadano de cualquiera de los Estados de Estados Unidos pudiera acceder libremente a sus documentos sin restricciones legales, salvo las lógicas de seguridad e intimidad, hasta 1966. En Francia no llegó una ley moderna de archivos estable hasta 1978, reforzada por otra ley de 1979. De esas décadas van sumándose otras leyes como las británicas y demás. En este sentido, en los años 1990 se ampliaron y mejoraron las leyes de archivos de Alemania una vez reunificada. ¿Y en España?

En España se habían elaborado normativas de archivo desde la Edad Media, y son famosas las normas de Felipe II para Simancas en el siglo XVI, en 1588, pero eran normas para el uso del gobierno y la administración de esos archivos. Carlos III creó leyes para el nuevo Archivo de Indias, en Sevilla, en la segunda mitad del siglo XVIII, en 1785, ahí hubo un antecedente importante de archivo abierto a consulta pública, aunque aún muy restringida, no se puede tener en cuenta en un sentido actual de libre acceso, aunque en la época fue pionero y relevante. La ley de archivos y derechos de los ciudadanos para consultarlos no vino a España de un modo más democrático hasta 1901, con Alfonso XIII de rey, algo tardío respecto a otros países europeos. Esa ley de 1901 ha estado vigente hasta... 2011, a pesar de todos los cambios políticos, sociales y tecnológicos habidos. En 1933 la Segunda República hizo una Ley de Patrimonio Artístico Nacional que incluía los documentos en los archivos. Estuvo en vigor hasta 1985, pero casi no se pudo aplicar tal como se concibió tanto por la guerra civil, como por las cortapisas de la dictadura, como por las necesidades de la Transición. En 1947 la dictadura de Franco legisló sobre el patrimonio documental español, haciendo de él algo sumamente oscuro y poco transparente, a la vez que intentando evitar su destrucción, una destrucción que había sido desmedida durante la guerra y en los tiempos posteriores a la misma. En 1968 blindaba aún más la consulta en los archivos con una Ley de Secretos Oficiales que sigue vigente, aunque al va y ven de otras leyes que la afectan, según los tiempos. En 1972 Franco volvió a legislar en torno a la idea de la protección documental. Con la Transición política en marcha, en 1978 se modificó la ley de secretos de 1968. No obstante, para finales de ese 1978 la Constitución Española abordaba el tema de los documentos y los archivos en los artículos 46 y 149. Claramente se hablaba de propiedad de todos los españoles y por ello del derecho a la información y al libre acceso. Ahora bien, para ese libre acceso se debía crear leyes y normas al respecto. De momento, desde los años 1940 y 1950 existían una serie de leyes y normas internacionales desde la ONU y desde las Comunidades Europeas (futura Unión Europea) que hablaban de democratización y transparencia. España se iría sumando a esto a lo largo de los años 1980, como país socio que es. Eso no evitó que el presidente Calvo Sotelo (UCD) en 1982 todavía legislara en torno a restricciones a favor del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen... la dictadura estaba muy cerca y muchos actores del franquismo estaban en activo en el Parlamento y otros lugares. Ya con el PSOE gobernando se hizo al fin la ley más potente que había para los archivos. No eliminaba la de 1901, pero la completaba y actualizaba, era la ley 16/1985, de 1985. Donde se trataba de los documentos y los archivos como parte del Patrimonio Histórico Español. Se fijaba las edades del documento, sus plazos de transferencias, sus titularidades, etcétera. En 1992 España volvería a ser pionera en un proyecto de hacer públicos sus archivos, de nuevo con el Archivo de Indias. Con motivo del quinto centenario del descubrimiento de América se comenzó a digitalizar y poner en Internet nuestra documentación sobre la América Española. Enseguida los archivos de Hispanoamérica colaboraron con el proyecto. Fue un modelo mundial de hacer las cosas. Fue el antecedente de los actuales portales de consulta documental en archivos del Estado de varios países, en el caso de España, de PARES. En lo sucesivo hubo diversas leyes administrativas que afectaron a la vida de los documentos y su custodia en archivo y servicio al ciudadano, la más destacada la de 1999, con el PP, sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, que parece que es un tema que los gobiernos conservadores siempre andan preocupados en preservar. 

Sería con el PSOE de nuevo en el gobierno, con Zapatero, que se crearían las leyes de más calado desde 1985. En 2006 eliminó la necesidad de un carnet de investigador o de una carta de recomendación para acceder a un archivo, basta con el documento nacional de identidad, facilitando así el acceso a cualquier ciudadano, previa consulta de cuál será su consulta para elaborar datos estadísticos de cara a la mejora de los servicios. En 2007 se legisló el derecho al acceso electrónico a los documentos. Ese mismo año la Ley de Memoria Histórica reforzaba la idea del acceso libre a la investigación. En 2011, en sus últimas semanas de gobierno, creó la ley del Sistema Español de Archivos y la Regulación del Sistema Español de Archivos, que daba por finalizada la vigencia de la ley de 1901 al poner al día, en el siglo XXI, nuestro sistema de archivos, su consulta, su carácter democrático y abierto, su modernización y demás. Lamentablemente, de nuevo con el PP en el gobierno, Rajoy legisló a finales de 2013 acerca de la transparencia, la función pública y el buen gobierno aumentando los supuestos prácticos para restringir el acceso a determinadas documentaciones, por considerar que son Secreto de Estado o perjudican a terceros. La ley de 2011 sigue siendo la ley fuerte, junto a la de 1985 para los archivos, no cabe duda de que la ley de 2013, vigente, tiene muchas probabilidades de ser reformada de nuevo en cuanto cambie la tendencia política del gobierno. Es una lástima que para estos asuntos haya problemas parecidos a los que se enfrentan las leyes de educación habidas en este país. Ahora bien, la ley de 1901 funcionó muchas décadas, la de 1933, aunque socavada, resistió, la de 1985 está fuerte y vigente y la de 2011 tiene fuerza suficiente como para ser base y soporte de la democratización de nuestros archivos, sean las que sean las leyes que se elaboren alrededor de ellas. La Constitución de 1978 avalan tanto la ley de 1985 como la de 2011 en su espíritu, sin embargo, toda ley que se haga para restringir el acceso a los documentos podría chocar con los derechos constitucionales, aunque eso aún no haya ocurrido. O en otras palabras, con la viga de 1978 es un terreno más solido lo elaborado en 1985, 1992, 2006, 2007 y 2011, si se me apura incluso lo de 1999, que lo elaborado en 2013.


Supongo que por hoy vale. Me he aventurado a escribir por escribir, como quien habla cuando lleva mucho tiempo callado y necesita hablar. Saludos y que la cerveza os acompañe.

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