NOTICIA 2154ª DESDE EL BAR: Y ESTO ES LO QUE YO TENGO QUE DECIR DE LOS SECRETOS OFICIALES

Estoy leyendo estos días 2061, odisea tres, de Arthur C. Clarke, la tercera parte de aquella historia de 2001, una odisea en el espacio, cuando en uno de sus primeros capítulos se menciona que los sucesos del monolito extraterrestre encontrado en aquella historia de ciencia ficción, y todo lo ocurrido con el ordenador de a bordo de la nave que enviaron a examinarlo, había permanecido en el alto secreto de Estado. Así fue que en la segunda parte, 2010, odisea dos, un científico ruso se acerca al científico estadounidense que estuvo al cargo de aquello. Saben que algo había ocurrido con el monolito, que se hizo público en 2007, pero Estados Unidos no había compartido nada de los sucesos ni de lo que sabían. Ahora los rusos saben algo que los americanos no saben y deciden compartir una misión a la luna Europa de Júpiter. También todo aquello lo mantienen en secreto cuando descubren que hasta los chinos tienen en secreto que han llegado allí. El secreto se acaba de golpe con ese final de la segunda parte de la tetralogía que hace que lo sepa toda la humanidad, por lo imposible de mantener el secreto. En esto está que empieza la continuación en 2061, con un nuevo viaje que, una vez más, guarda secretos acumulados en torno a la luna Europa.

 Secretos oficiales, altos secretos que afectan a toda la población, pero manejan unos pocos, no siempre con la intención de lo mejor para la sociedad en conjunto, sino a veces por interés particular de gobiernos o de políticos y militares.

 En estos días se está tramitando en la vida real de España la reforma de la ley de secretos oficiales, que era algo que estaba en realidad en los objetivos del Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Unidas Podemos (UP) y que ha hecho muy suyo el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como si la medida fuera iniciativa suya. Quizá por ello mismo no se entiende muy bien que el primer intento de sacarlo adelante sea un choque entre cómo lo entiende el PSOE y cómo UP, cuando siendo algo que partía de UP, quizá UP hubiera tenido que tener más parte en las conversaciones de algo tan delicado que debe contar incluso con el principal partido de la oposición, en este caso el Partido Popular (PP). La actual ley de secretos oficiales, efectivamente, es de 1968, o sea de tiempos de la dictadura de Franco, firmada y aprobada por el dictador y también por Carrero Blanco, y construida a medida de lo que un régimen así requería, pero que una vez alcanzada la monarquía parlamentaria actual con la aprobación de la Constitución de 1978, aquellos pactos de aquellas épocas, sobre todo los de silencio, y que primó una perspectiva conservadora a la vista de la Unión de Centro Democrático (UCD) de Adolfo Suárez, hizo que la ley se viera útil y por tanto siguiera su vigencia, como tantas otras de la administración, hasta fecha actual, en este caso hasta fecha actual.

 Una de las anomalías que se pretende corregir es que los secretos oficiales no estén a cargo de una cúpula militar, sino de la presidencia del gobierno con los servicios de inteligencia, como pasa en la gran mayoría de las democracias occidentales.

 La polémica ha comenzado cuando se habla de que la nueva ley de secretos oficiales, queriendo acabar con la aleatoriedad y oscuridad en cuanto a cuándo se ha de levantar un secreto de Estado en España, pretende que estos queden levantados a los cincuenta años, si bien si se tratara de un asunto en extremo delicado también entonces quede en manos de jueces o de la presidencia la decisión. Hay un sector de la población, normalmente de la izquierda, que lo considera excesivo, cuando en realidad en una buena parte de las democracias occidentales cincuenta años es un plazo común, aunque haya algunas democracias que lo hayan fijado incluso en menos, como pueda ser veinticinco o treinta años.

 Lo cierto es que en estos asuntos es evidente que deben opinar los políticos del gobierno, tanto en el gobierno como en la oposición, así como otras entidades que tengan algo que aportar al debate, véase el servicio de inteligencia o el poder judicial, cuando menos el Constitucional, pero también la sociedad civil que tiene más relación con la documentación como servicio al ciudadano y a la democracia, como pueda ser funcionarios de la administración, la gente de archivos, catedráticos e historiadores profesionales. Alguna voz de historiador hemos escuchado en entrevistas estos días, pero pocas o ninguna de archivero.

 Yo estoy en esa posición intermedia de archivero e historiador. La ley de secretos oficiales es, entre otras leyes, materia prima y herramienta de ambas actividades. Pero no es única. A la documentación le afectan otras leyes y normativas como puedan ser protección de datos, administración electrónica, patrimonio histórico documental, lo concerniente a los archivos y la archivística y aquí dentro el ciclo vital de los documentos.

  Así por ejemplo pocos son los que saben que por la Ley de Patrimonio de 1985, por ejemplo, cualquier creación de un español, incluidos sus documentos y sus escritos, pasa a ser patrimonio de todos los españoles a partir de los cien años, independientemente de que lo custodie el Estado o que la custodia siga en manos de los herederos, lo que haría que por mucho que sea de todos los españoles difícilmente puedas verlo o consultarlo.

 La cosa es que la nueva ley de secretos oficiales, que evidentemente se refiere a documentos muy particulares y muy diferenciados a la fuerza del resto de documentos, por lo que necesita de un trato especial, el que le otorga su carácter delicado y los ha tenido por secretos por la seguridad del Estado, pues esa ley en realidad más o menos iguala la consulta de estos documentos a otros que sin ser secretos oficiales pues son consultables también a los cincuenta años. Entiendo lo goloso de crear polémica cuando se dijo cincuenta años, y no digo yo que no sea deseable reducirlo a veinticinco o treinta años, pero lo cierto es que se obvia el hecho de que en España documentos que no son secreto también se mantienen sin poderse consultar medio siglo, por lo que quedan más o menos equiparados. Pretender rebajar los años de secreto a los secretos de Estado, pero no en los documentos comunes, me parece pernicioso y otra cosa que no tiene que ver ni con la Historia, ni con la administración, ni con el bien al ciudadano.

 Para empezar hay que aclarar que las normas de los ciclos vitales del documento en España son en la teoría, pues la falta de personal, de medios y otras circunstancias de todo tipo imaginable, hace que en la práctica no se pueda cumplir. Ojo: que no se pueda cumplir, no que no se quiera, como parece que llevan décadas insinuando numerosos historiadores y asociaciones de la memoria histórica como si los archiveros fuéramos oscuros personajes llenos de perfidias. Lamento decir que mucho colega historiador, por muchos archivos que haya consultado no tiene ni idea de cómo funcionan internamente, ni de cuáles son las circunstancias ni la precariedad del trabajador de archivos y la falta de claridad en las normas, a menudo dejadas a interpretación del profesional que, por otra parte, no quiere denuncias de ciudadanos que crean que por hacer un bien a un investigador se les ha perjudicado en tal o cual otro derecho, o que, por ejemplo en archivos con fotografías de desnudos, alguien crea que se incurre contra las nuevas leyes contra la pornografía si se sirven en sala de consulta... Por cuatro perras mal contadas nadie quiere riesgos en un sector donde, además, habiendo mucho trabajo, apenas se oferta y escasean los puestos por ello y hay poco donde en realidad debiera abundar. De las infraestructuras, medios técnicos, espacio y dinero hablamos otro día, pero no todo es legislar. Legislar, si no hay medios, es como aquello del siglo XVI del "acato pero no cumplo".

 En ese ciclo vital de los documentos teóricamente en la oficina de producción debe estar cinco años, aunque lo habitual es que se pase diez y quince y veinte. Llegado a un tiempo de vida donde ese documento ya no es tan activo pero aún puede tener trámites, debe pasar a un archivo central o intermedio, allí debe estar en teoría quince años... pero... pues eso. Y llegados a ese tiempo si el documento lo merece pasa a un archivo histórico por toda la vida. En todo momento el documento es consultable, al menos por el ciudadano afectado, pero todo tiene un pero.

 Antes de pasar al pero hay que decir que los archivos están bajo la responsabilidad del Ministerio de Cultura (que a la vez comparte algunos con las Comunidades Autónomas y otras administraciones), excepto los archivos militares, que son del Ministerio de Defensa. En los militares también hay archivos históricos y ahí yo veo ya una anomalía, pues como archivo histórico debería dejar de ser del Ministerio de Defensa y pasar a Cultura o al menos a Presidencia. En los archivos de Cultura el personal es civil, en los de Defensa el personal es parte militar y parte civil, y opinan los militares. Esta es una anomalía en uno histórico militar que la ley de secretos oficiales nueva debería corregir, si bien yo, que he trabajado también en estos, lo que he visto desde dentro es que había más reticencias de parte de los civiles que de los militares hacia documentación de cien años atrás, por ejemplo, a pesar de que mucho colega historiador haya puesto su peso y malicia en la responsabilidad militar.

 Dicho esto, por una cuestión de derecho al honor, derecho a la intimidad, protección de datos y demás, llega el pero citado de antes. Una vez creado el documento, si se conoce la fecha de la muerte de la persona a quien le afecta, se puede consultar a partir de los veinticinco años de esa fecha de muerte, si no se conoce entonces será a partir de los cincuenta años de la última fecha de su tramitación. Así pues, como se ve, queda la nueva ley que se quiere aprobar equiparada la consulta más o menos a esto, siendo que en realidad es incluso más generosa, pues la ley habla de cincuenta años desde que se hizo secreto oficial, mientras que la ley sobre el resto de documentos habla de cincuenta años desde el final de su tramitación, lo que puede hacer que se desclasifique años antes un secreto oficial que un expediente normal y corriente del mismo año que se creó ese secreto.

 Pero como sea, sí, posiblemente sea deseable que se desclasificasen a los veinticinco o treinta años, al menos los que no afecten a la seguridad actual. Pensemos que si la ley se aprueba este 2022, a partir de este año comenzaríamos a desclasificar de 1972 para atrás, y a partir de cada año nuevo ir sumando un año de avance. Como sea, no se desclasificaría lo concerniente al 23 de febrero de 1981, por ejemplo, hasta 2031, y todo lo concerniente a los GAL hasta 2046 ó 2050. Por poner ejemplos. Sí, es deseable agilizar esto, hacerlo antes, acortar plazos, pues de otro modo se seguiría protegiendo al franquismo y sus protagonistas unos cuantos años más.

 Sobre el contenido a desclasificar, creo que es evidente lo más goloso y morboso para el general de la gente, pero podría ayudar a que se agilizara la consulta de lo ocurrido con familiares tuyos en manos de las autoridades franquistas desde la guerra civil, gente anónima que puede estar buscando o queriendo saber sus descendientes, o bien se podría saber quién ejercía de censores, o quienes de policía política, de torturadores, etcétera, no como revancha, sino por ir conociéndonos mejor y para controlar democráticamente que nadie de la dictadura que hiciera crímenes bajo el escudo de las leyes de aquel régimen sigan beneficiándose de algún modo de lo que pudieran haber hecho. No es una barbaridad lo dicho, es lo que se aplicó en Alemania e Italia tras la Segunda Guerra Mundial para alcanzar la concordia social y la recompensa, así como un saneamiento democrático. Ayudaría a tener más datos para poder comprender y replantear nuestra Historia reciente, corregir en el relato si es necesario. Hay cosas por desentrañar, muchas incógnitas de hoy día, incluso en cosas menos morbosas y más comunes, del día a día.

 Y supongo que esto es, de una manera rápida y por encima, lo que puedo opinar en un primer momento, aunque como archivero y como historiador quizá a nadie le importe lo que yo pueda opinar de algo que afecta a parte de mi labor como tal. Ya se sabe que en estos días todo el mundo es médico, entrenador de fútbol, epidemiólogo, economista, estratega de geopolítica internacional, capitán general de los ejércitos todos y demás.

 Saludos y que la cerveza os acompañe.