Uno de los problemas de España es que hasta los sargentos dan golpes de Estado, es algo que se decía en el siglo XIX en el resto de Europa. Y era cierto, literalmente eso ocurría. Que fueran ridículos o a tener en cuenta, que fueran secundados o no, que triunfaran o que fracasaran es otra historia. Sigue la misma estela de ese otro dicho que dice que aquí hasta el grumete se cree capitán. Y es que en general en España se da mucho el caso de que se opina de todo tipo de cosas todo tipo de gente con gran frecuencia sin que el opinador tenga conocimiento o reflexión real de lo que opina, o que de tenerlo sea superficial, a menudo enfocado desde su propio interés y sus propios deseos e ideales, pero no desde la valoración pragmática de lo que en la realidad ocurre.
¿Por qué comienzo así hoy mi reflexión? Hace unas horas una persona me hizo llegar una petición de firma para presentarla en el Parlamento (si recogen las firmas necesarias) con motivo de que se incluyan una serie de enmiendas en la elaboración de la Ley de Transparencia que el gobierno esta llevando a cabo. Viene la petición de firmas desde Change.org, con el nombre de "Grupo PP en el Senado: Enmiendas urgentes a la ley de transparencia #senadotransparente". Lo pide lo que entiendo son una serie de grupos que en su conjunto han decidido firmar su propuesta como Acces Info Europe-Fundación Ciudadana Civio-Open Knowledge Foundation España-OpenKratio-Proyecto Avizor-Qué hacen los diputados. Allí puede haber tanto personas muy entendidas, como personas que no. Tienen lo que ellos han decidido exponer como datos biográficos de cada uno en su página. Pero en general me parece que son personas que no tienen tanto que ver con el mundo de los archivos, como con personas con unos intereses de vigilar y tratar de lograr una calidad democrática en la sociedad. Bueno, todo correcto hasta ahí. Me parece bien. Pero su petición sobre la Ley de Transparencia futura en España, la han centrado tanto en que se hagan enmiendas sobre que los partidos publiciten toda la información propia que me da la sensación de que desconocen la posible nocividad que contiene crear una Ley de Transparencia en España tal como se plantea desde Europa, que es a fin de cuentas lo que ellos piden. Por eso yo no lo he firmado, porque no me convence ni esa ley tal como se plantea, ni esas enmiendas que piden, las cuales de entrada reclaman la existencia de esa ley que no me convence para poder crearse tales enmiendas, porque si no no tiene sentido pedir enmiendas ya que no habría nada que enmendar. Y es que hay que conocer la archivística y en concreto el mundo de los archivos en España. Es más, ayer se celebró las IV Jornadas sobre Acceso a los Documentos
Públicos y Oficiales: Desafíos a la implantación de la Ley de
Transparencia (código: 2013001JOR), en la UAH, organizado por la asociación pionera en España Archiveros Españoles de la Función Pública (AEFP). Yo estuve allí, pero no vi presente a ningún ciudadano de estas asociaciones o con estos intereses en la Ley de Transparencia, y si lo hubo, no le escuché formular preguntra ni valoración alguna en el tiempo de debate del final de las jornadas. Y la verdad es que para que esta organización esté ubicada en Madrid, se hace rara la ausencia. O al menos, si los hubo, no se identificaron ni se hicieron oir en sus ideales.
En esas jornadas intervinieron con conferencias Pekka Henttonen, catedrático finlandés de la Universidad de Tampere, Veli-Matti Pussinen, director de los archivos provinciales de Turku, también en Finlandia, y Rosana de Andrés Díaz, presidenta de AEFP. Cerró el acto Antonio González Quintana, director general de los archivos de la Comunidad Autónoma de Madrid. La AEFP es una asociación tan fuerte que en el proceso y debate abierto de creación de la futura Ley de Transparencia han podido hablar con los diputados en el Parlamento e incluso han podido publicitar sus objecciones y aportaciones a través de informativos de Televisión Española. Sus invitados finlandeses tuvieron la sinceridad de decir que habían venido invitados por la AEFP, pero que sin embargo no conocían nada del mundo de la archivística en España, ni mucho menos de sus problemas o sus particularidades, por lo que su intervención fue para hablar de una comparativa entre su Ley de Transparencia propia con la de Reino Unido, ya que Finlandia es el país pionero en este tipo de leyes desde 1999 en la Unión Europea. Y sinceramente, bajo mi punto de vista tras escucharles, pocas lecciones pueden darnos, pues muchos de los deberes ya los tenemos más que hechos aunque no estén unificados en un sólo texto legal, y a pesar de que los tópicos entre los españoles hagan creer que no existe transparencia en nuestros archivos.
Comienzo aclarando que España es un país pionero en cuestión de archivística, junto a Australia y Canadá. Somos igualmente uno de los países más ricos documentalmente, y desde 1992 nos hemos esforzados tanto en la conservación y difusión de nuestros documentos que tenemos algunas de las máquinas de restauración documental má modernas, varios de los edificios de archivo más modernos, y somos punteros tanto en aportaciones sobre normas internacionales de descripción documental como que somos pioneros y de los que más aportan en cuanto a exponer su documentación histórica en la red de Internet a través del proyecto PARES. Claro que tantos millones de documentos guardamos, y tantos recortes económicos ponen tantas zancadillas, que el problema está en que desde ese 1992 sólo hemos logrado exponer un 1% de todo lo que tenemos, pero ese 1% suponen millones de documentos. Nunca se ha parado en esa tarea, pero es tan ardua que es lenta. Dicho todo esto, que era necesario y que muchos españoles desconocen e infravaloran, hay que comentar lo que ayer se dijo sobre la Ley de Transparencia.
La AEFP considera de vital importancia que se elabore una Ley de Transparencia, y se va a hacer, más que nada porque una normativa de la Unión Europea elaborada en 2009 obliga a todos los países miembros a que tengan una con una serie de cuestiones mínimas. El actual partido en el gobierno, el conservador Partido Popular (PP) se acoge a elaborarla sobre esos mínimos referenciales, que es lo que indigna a la AEFP y a la asociación que pedía las firmas en Change.org, porque deja muchos huecos y vacíos legales que dejan espacio a libres interpretaciones que ellos creen que podrían ocasionar problemas futuros. Por eso invitaron a los finlandeses, pioneros en tener una Ley de Transparencia, que es por otra parte la que gira como modelo para el resto de países miembros de la Unión Europea.
Es injusto creer que por no tener una Ley de Transparencia en España no exista esa transparencia en nuestros archivos. Queda bonito citar la ley de archivo que sirvió de modelo en España para posteriores leyes, que son las ordenanzas para la conservación y organización del Archivo de Simancas, creadas en 1588 por Felipe II. Dando un gran salto, los archivos españoles y su documentación y acceso quedó regulado el 22 de noviembre de 1901 por el Reglamento de Archivos de Estado, que dejaba un poco en el aire que determinados documentos de índole personal o gubernamental quedaran a criterio del archivero si eran consultables de modo público, pero que con las décadas se fue limando, sobre todo en la Transición, dejando esta tarea a una serie de Comisiones del Estado. Hay que tener en cuenta que esta ley de 1901 era la única ley global de normas para archivos útil hasta 2011, lo que en buena parte era una barbaridad, teniendo en cuenta determinados avances tecnológicos evidentes. El 12 de noviembre de 1931, con la II República, a la ley de 1901 se le sumó el Decreto sobre régimen y denominación de los archivos históricos de protocolo e históricos provinciales. La dictadura de Franco aportó el 29 de julio de 1947 la Ley de Ordenación de los archivos y bibliotecas y del tesoro histórico documental y bibliográfico. Con la Transición a la Monarquía Parlamentaria actual todo avanzó sobremanera con la Constitución Española de 6 de diciembre de 1978. El derecho al acceso documental de todo ciudadano quedaba recogido por el artículo 149.1, del Título VIII, capítulo 3º, donde se hablaba de las competencias del Estado. Y es desde ese artículo constitucional que se quiere desarrollar la nueva Ley de Transparencia, aunque la AEFP quiere lograr que se haga también referencia al artículo 20 del Título II, sección 1ª, donde se habla de la libertad de expresión y del derecho de recibir información veraz y a su difusión. En principio parece van a lograr que se asocie a la nueva ley ese artículo junto al anterior. ¿Existen sólo esas leyes en cuanto al derecho al acceso de la información documental, que por otra parte son algo difusas e interpretables? No. La ley más importante que se ha elaborado, y es el epicentro de las normativas de los archivos españoles actuales es la Ley del Patrimonio Histórico Documental del 25 de junio de 1985, que es la Ley 16/1985, elaborada con el gobierno socialista de Felipe González. Como la Constitución y esta ley de 1985 dejaban espacio para que cada Comunidad Histórica legislara sobre su patrimonio documental, existen leyes autonómicas en cada región. La de Madrid es la Ley 4/1993, elaborada el 21 de abril de 1993, cuyo nombre es Ley de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad de Madrid, que a la postre como es la comunidad que contiene en sí muchos de los archivos estatales, pues es una ley de referencia en toda España. Pero no queda ahí la cosa.
Hasta el final del gobierno de Felipe González en 1996 se creyó que esto era suficiente. Con el gobierno conservador de José María Aznar (1996-2004) también esto fue suficiente en cuanto a legislación, aunque España estaba avanzando en otra serie de aspectos archivísticos ya comentados. Pero al regresar al gobierno los socialistas con José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, durante sus años de presidencia (2004-2011) hay que reconocer que hubo mucho y muy notables avances en cuanto a la legislación para lograr que todo ciudadano accediera a los documentos del Estado. Así por ejemplo, hasta 2004 para acceder a muchos de los documentos del Estado se necesitaba tener un carnet de investigador, que normalmente para obtenerlo necesitabas ser acreditado por una autoridad (un catedrático, por ejemplo) o por una entidad (tal como una Universidad, por ejemplo) y dar tus datos personales para un registro del archivo, así como indicar el porqué y el qué deseabas investigar. Desde 2004 Zapatero elaboró una reforma por la cual todo esto queda eliminado, con la simple presentación del Documento Nacional de Identidad, u otro documento acreditativo de ser ciudadano de la Unión Europea, ahora puedes acceder a la documentación, lo que realmente abre las puertas a la información a todo ciudadano de la Unión Europea. Sin dar ni más datos, y sin necesitar de avales ni otros carnets. El 23 de junio de 2007 creó la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Ese mismo año acabó con la arbitrariedad de criterios sobre la publicidad de los documentos en manos de los archiveros que había creado la difusa ley de 1901, aún vigente. Para ello el 7 de noviembre creó el Real Decreto 1401/2007 por el que se regula la composición, funcionamiento y competencias de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos. Pero todavía más en ese año. Preocupado por la importancia de cerrar heridas creo la famosa Ley de Memoria Histórica, aunque sin dotación económica para los archivos ni proyectos archivísticos para abordarla debidamente. Tal ley oficialmente se llama Ley 52/2007 de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Toda esta legislación descubría una preocupación del presidente Zapatero por esa transparencia informativa. Tanta que en 2009 volvió sobre ello y realizó el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Y para rematar, ya en las últimas semanas de su gobierno, cumplió con una promesa que hizo en 2004 en cuanto a archivos, que era crear una ley de archivos digna del siglo XXI que le quitase a la ley de 1901 la hegemonía como ley de referencia, y que usase criterios actuales en todos los sentidos. En 2011 aprobó para ello el Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso. Tras todo este esfuerzo del gobierno de Zapatero por crear transparencia documental en su administración, el nuevo gobierno conservador de Mariano Rajoy se enfrenta a atender a esa normativa de la Unión Europea creada en 2009 acerca de crear una Ley de Transparencia concreta en cuanto a ese aspecto. Única cuestión que Zapatero no llegó a afrontar, pero que hubiera afrontado si hubiera perdurado en una tercera legislatura. Rajoy desde 2012 ha abierto un debate público del que la AEFP está intentando ser activa. Ellos, y otras asociaciones, presentaron unas 80.000 enmiendas y propuestas, de las que el gobierno sólo ha atendido literalmente a una. Que es uno de los motivos de queja.
Expuesto todo esto hay que decir que en España sí se ha hecho mucho por la transparencia documental, y también por la intimidad de las personas con la Ley de Protección de Datos. Que lo que tenemos aquí no tiene nada que envidiar a otros países, por mucho que muchos españoles al saber que no hay una ley concreta de transparencia echen pestes sobre sus propios archivos y archiveros. Por otra parte, muchos de estos ciudadanos, la gran mayoría en términos generales, ignora la existencia de gran número de las leyes citadas, y también muchos de ellos ni han pisado un archivo ni tienen intención actual de hacerlo, ni sabrían decir qué se hace exactamente en un archivo o qué se conserva más allá de lo evidente. Opinan desde fuera, y desconfían, encima, de los profesionales del sector, a pesar de que desconocen cómo funcionan los archivos y cómo trabajan los archiveros hoy día. Pero es verdad que todas esas leyes debieran ser recogidas en una sola Ley de Transparencia para su mejor conocimiento por el ciudadano que realmente esté interesado. Puede ser positiva y deseable, pero al como la mandan desde Europa, y tal como la planea el Partido Popular, puede dar como resultado algo peor de lo que tenemos. La gente en general la aplaudirá cuando oigan que existe en un futuro, porque creerán por su nombre que es que antes no había transparencia, pero los que conocemos el sector de verdad y trabajamos en él, sabemos que puede empeorar el panorama óptimo que tenemos ahora mismo.
En la conferencia de ayer los colegas finlandeses explicaban la Ley de Transparencia británica, por la cual los británicos deben presentar todo tipo de datos personales, más su vivienda y explicar porqué quiere acceder a determinados documentos. Hecho esto el archivo, acorde con las leyes del gobierno, decide si le dan o no acceso a los documentos solicitados. Pues hombre, lo que tenemos en España es mucho más transparente que eso. Luego explicaron también la Ley de Transparencia de Finlandia. Según ella cualquier ciudadano puede acceder a los documentos con tan sólo mostrar su carnet de identificacion personal. Hasta ahí es lo mismo que en España desde el gobierno Zapatero. ¿Diferencia? Ellos tienen otra ley que precisa muy exactamente la desclasificación documental. En España eso está difuso sobre todo en los archivos militares. Aunque allí, por motivos de protección de datos personales, se esperan cincuenta años antes de dar permiso para mostrar los documentos concernientes a alguien muerto. En España es a los veinticinco años, lo que permite antes conocer determinados datos de interés para investigadores o familiares. Juzgad vosotros qué os parece más transparente.
Finlandia es además el país más transparente de Europa. Lo que no se sabe ni se airea tanto es cómo lo han logrado. Y eso lo explicaron ayer incluso haciendo autocrítica. Ellos en 1999 tenían 215.000 empleados públicos en archivos. A fecha de 2013 tienen 82.000. Han dejado sin empleo a todos los que faltan. ¿Han dejado de pedirse documentos? No. ¿Han dejado de generarse? No. Lo que ocurre es que el Estado ha ido cediendo sus archivos y la gestión de los mismos a entidades privadas. Así que el Estado genera menos documentos, por lo que custodia menos documentos, por lo que sirve menos documentos, por lo que les es más fácil crear esa transparencia. ¿Y que ha ocurrido con los otros documentos, los transferidos a entidades privadas en su gestión? Pues en palabras de los propios finlandeses el problema está en que las entidades privadas ven los archivos con ojos de rentabilidad económica, y es ahí dónde sí falta transparencia, y donde sí se dan casos de que no se sirven documentos por razones económicas. Asíque si ponemos en conjunto todo el sistema de archivos finlandés, tanto público como privado, a lo mejor resulta que no es tan gloriosa su Ley de Transparencia. Ellos decían que además desde que se aprobó tal ley no ha habido un aumento de consulta de los ciudadanos, así que es como si no se hubiera hecho. Los que más consultan son periodistas en busca de datos para sus reportajes y artículos informativos, y como mucho familiares de personas que vivieron la II Guerra Mundial. El volumen de usuarios es bajo y lo apañan con la publicación en Internet de tales documentos. Pero en España el volumen de usuarios de los archivos es muy alto, y de todas las épocas históricas, y no sólo por parte de españoles, también de extranjeros. Es más, la vía de los documentos en la red cibernética ya he dicho que se lleva haciendo desde 1992 con PARES. Pero es que incluso la via de Internet necesita de archiveros que la mantenga y que la sirva. Y los documentos físicos necesitan de archiveros que los custodien. Y para ser transparentes del todo si alguien quiere ver los originales, alguien los tendrá que atender, alguien tendrá que conservarlos, alguien tendrá que restaurarlos, alguien tendrá que fotocopiarlos o digitalizarlos, etcétera. Las cosas de Internet no salen de la nada. No se hacen solas.
Claro está que mucha gente que no conoce la realidad total del mundo de los archivos, piensa que la Ley de Transparencia será muy útil para acabar con la corrupción, porque lo que piensan es que se aplicará para que se muestren las cuentas de los partidos políticos y sindicatos, de las asociaciones, sus correos, sus actas, etcétera. Pero los finlandeses, que llevan ventaja, avisan. La Ley de Transparencia de todo país sólo afecta a los sectores públicos, no a los privados. Y los partidos y los sindicatos son entidades privadas, no públicas. Asíque esa gente más bien deben pedir una Ley de Partidos, más que una Ley de Transparencia, o ambas a la vez, pero no deben pedir algo que mezcle ovejas churras con ovejas merinas. Es más los finlandeses volvieron a avisar, en varios países donde las leyes de transparencia obligan a publicar o guardar en archivo los correos o grabaciones de llamadas, etcétera, se ha dado el caso de que no han cesado los tratos secretos, porque simplemente se han hecho sin usar correos o sin hacer llamadas telefónicas. Puso por ejemplo el caso de George W. Bush, que ha pasado a la Historia por no escribir ni un sólo correo electrónico que tenga que ver con su gobierno. Y por otra parte avisan de un caso contrario dado en Finlandia, el exceso de publicidad de las tareas de un político, al detalle, puede ocultar los casos de corrupción, en este caso de una violación, al realizar demasiado "ruido informativo" como para detectar la anomalía entre tanto dato de actividades realizadas.
Todas estas cosas debieran ser tenidas en cuenta. Porque además España avanza hacia esa privatización de la gestión de los archivos públicos. Imaginad un panorama donde se sirvan documentos del siglo XVI del Archivo de Indias, pero se corten los recursos a los documentos del siglo XVIII por falta de rentabilidad al no tener todos los usuarios que los empresarios consideren rentables en su cantidad. O que documentos administrativos de nuestras vidas diarias sean destruidos por una entidad privada porque no los vean rentables. O que se dejen de hacer por los mismos motivos, a pesar de que afecten a vidas actuales. Porque eso es lo que realmente está en juego.
España tiene edificios de lo más modernos en archivos, y máquinas, pero despide archiveros. Y no los renueva. El colapso de la justicia en parte viene por esto. Y esto fue parte del debate habido ayer. Toda Ley de Transparencia está abocada al fracaso si no se cuenta con el factor humano de contratar archiveros que saquen adelante los archivos y con ellos la ley futura. Dijeron que se dijo en el Parlamento, pero en Televisión Española ese argumento fue eliminado de la retransmisión.
Por otra parte el recelo hacia los archivos privados por parte de archiveros públicos es injustificada. Creo que se debe al desconocimiento que tienen de los mismos. Yo he trabajado en ambos tipos de archivos y creo que algún día debieran hacer algo por autoconocerse y dejar de recelar entre ellos. Sí está más justificada la desconfianza hacia algunas empresas privadas de gestión de archivos, también trabajé en una. Aparte de esto, y declarando que ya he pasado por la realidad de cinco archivos diferentes en seis ocasiones profesionales de mi vida, nunca jamás he visto que a nadie se le niegue el acceso a un documento. Hay otro tipo de problemas muy diferentes y distanciados de ese asunto. Algún día, ya lo dije una vez, hablaré profundamente de lo que pienso que falla en los archivos españoles en general. Por hoy yo creo que con todo lo dicho basta.
Saludos y que la cerveza os acompañe.
P.D.: Lemas de la AEFP que son deontología de todo archivero profesional: los archiveros deben ser independientes en su actuación científica y técnica. Deben estar capacitados profesionalmente para el ejercicio de sus funciones. Deben someterse a códigos éticos y deontológicos que sitúen su actuación en el marco del respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos. Los archiveros no deben plegarse ante cualquier exigencia que quiebre los principios éticos y profesionales. No deben resignarse o permanecer inactivos ante las actuaciones políticas que menoscaben los archivos públicos. Y no deben vivir de espaldas a la sociedad para la que trabajan.
En esas jornadas intervinieron con conferencias Pekka Henttonen, catedrático finlandés de la Universidad de Tampere, Veli-Matti Pussinen, director de los archivos provinciales de Turku, también en Finlandia, y Rosana de Andrés Díaz, presidenta de AEFP. Cerró el acto Antonio González Quintana, director general de los archivos de la Comunidad Autónoma de Madrid. La AEFP es una asociación tan fuerte que en el proceso y debate abierto de creación de la futura Ley de Transparencia han podido hablar con los diputados en el Parlamento e incluso han podido publicitar sus objecciones y aportaciones a través de informativos de Televisión Española. Sus invitados finlandeses tuvieron la sinceridad de decir que habían venido invitados por la AEFP, pero que sin embargo no conocían nada del mundo de la archivística en España, ni mucho menos de sus problemas o sus particularidades, por lo que su intervención fue para hablar de una comparativa entre su Ley de Transparencia propia con la de Reino Unido, ya que Finlandia es el país pionero en este tipo de leyes desde 1999 en la Unión Europea. Y sinceramente, bajo mi punto de vista tras escucharles, pocas lecciones pueden darnos, pues muchos de los deberes ya los tenemos más que hechos aunque no estén unificados en un sólo texto legal, y a pesar de que los tópicos entre los españoles hagan creer que no existe transparencia en nuestros archivos.
Comienzo aclarando que España es un país pionero en cuestión de archivística, junto a Australia y Canadá. Somos igualmente uno de los países más ricos documentalmente, y desde 1992 nos hemos esforzados tanto en la conservación y difusión de nuestros documentos que tenemos algunas de las máquinas de restauración documental má modernas, varios de los edificios de archivo más modernos, y somos punteros tanto en aportaciones sobre normas internacionales de descripción documental como que somos pioneros y de los que más aportan en cuanto a exponer su documentación histórica en la red de Internet a través del proyecto PARES. Claro que tantos millones de documentos guardamos, y tantos recortes económicos ponen tantas zancadillas, que el problema está en que desde ese 1992 sólo hemos logrado exponer un 1% de todo lo que tenemos, pero ese 1% suponen millones de documentos. Nunca se ha parado en esa tarea, pero es tan ardua que es lenta. Dicho todo esto, que era necesario y que muchos españoles desconocen e infravaloran, hay que comentar lo que ayer se dijo sobre la Ley de Transparencia.
La AEFP considera de vital importancia que se elabore una Ley de Transparencia, y se va a hacer, más que nada porque una normativa de la Unión Europea elaborada en 2009 obliga a todos los países miembros a que tengan una con una serie de cuestiones mínimas. El actual partido en el gobierno, el conservador Partido Popular (PP) se acoge a elaborarla sobre esos mínimos referenciales, que es lo que indigna a la AEFP y a la asociación que pedía las firmas en Change.org, porque deja muchos huecos y vacíos legales que dejan espacio a libres interpretaciones que ellos creen que podrían ocasionar problemas futuros. Por eso invitaron a los finlandeses, pioneros en tener una Ley de Transparencia, que es por otra parte la que gira como modelo para el resto de países miembros de la Unión Europea.
Es injusto creer que por no tener una Ley de Transparencia en España no exista esa transparencia en nuestros archivos. Queda bonito citar la ley de archivo que sirvió de modelo en España para posteriores leyes, que son las ordenanzas para la conservación y organización del Archivo de Simancas, creadas en 1588 por Felipe II. Dando un gran salto, los archivos españoles y su documentación y acceso quedó regulado el 22 de noviembre de 1901 por el Reglamento de Archivos de Estado, que dejaba un poco en el aire que determinados documentos de índole personal o gubernamental quedaran a criterio del archivero si eran consultables de modo público, pero que con las décadas se fue limando, sobre todo en la Transición, dejando esta tarea a una serie de Comisiones del Estado. Hay que tener en cuenta que esta ley de 1901 era la única ley global de normas para archivos útil hasta 2011, lo que en buena parte era una barbaridad, teniendo en cuenta determinados avances tecnológicos evidentes. El 12 de noviembre de 1931, con la II República, a la ley de 1901 se le sumó el Decreto sobre régimen y denominación de los archivos históricos de protocolo e históricos provinciales. La dictadura de Franco aportó el 29 de julio de 1947 la Ley de Ordenación de los archivos y bibliotecas y del tesoro histórico documental y bibliográfico. Con la Transición a la Monarquía Parlamentaria actual todo avanzó sobremanera con la Constitución Española de 6 de diciembre de 1978. El derecho al acceso documental de todo ciudadano quedaba recogido por el artículo 149.1, del Título VIII, capítulo 3º, donde se hablaba de las competencias del Estado. Y es desde ese artículo constitucional que se quiere desarrollar la nueva Ley de Transparencia, aunque la AEFP quiere lograr que se haga también referencia al artículo 20 del Título II, sección 1ª, donde se habla de la libertad de expresión y del derecho de recibir información veraz y a su difusión. En principio parece van a lograr que se asocie a la nueva ley ese artículo junto al anterior. ¿Existen sólo esas leyes en cuanto al derecho al acceso de la información documental, que por otra parte son algo difusas e interpretables? No. La ley más importante que se ha elaborado, y es el epicentro de las normativas de los archivos españoles actuales es la Ley del Patrimonio Histórico Documental del 25 de junio de 1985, que es la Ley 16/1985, elaborada con el gobierno socialista de Felipe González. Como la Constitución y esta ley de 1985 dejaban espacio para que cada Comunidad Histórica legislara sobre su patrimonio documental, existen leyes autonómicas en cada región. La de Madrid es la Ley 4/1993, elaborada el 21 de abril de 1993, cuyo nombre es Ley de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad de Madrid, que a la postre como es la comunidad que contiene en sí muchos de los archivos estatales, pues es una ley de referencia en toda España. Pero no queda ahí la cosa.
Hasta el final del gobierno de Felipe González en 1996 se creyó que esto era suficiente. Con el gobierno conservador de José María Aznar (1996-2004) también esto fue suficiente en cuanto a legislación, aunque España estaba avanzando en otra serie de aspectos archivísticos ya comentados. Pero al regresar al gobierno los socialistas con José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, durante sus años de presidencia (2004-2011) hay que reconocer que hubo mucho y muy notables avances en cuanto a la legislación para lograr que todo ciudadano accediera a los documentos del Estado. Así por ejemplo, hasta 2004 para acceder a muchos de los documentos del Estado se necesitaba tener un carnet de investigador, que normalmente para obtenerlo necesitabas ser acreditado por una autoridad (un catedrático, por ejemplo) o por una entidad (tal como una Universidad, por ejemplo) y dar tus datos personales para un registro del archivo, así como indicar el porqué y el qué deseabas investigar. Desde 2004 Zapatero elaboró una reforma por la cual todo esto queda eliminado, con la simple presentación del Documento Nacional de Identidad, u otro documento acreditativo de ser ciudadano de la Unión Europea, ahora puedes acceder a la documentación, lo que realmente abre las puertas a la información a todo ciudadano de la Unión Europea. Sin dar ni más datos, y sin necesitar de avales ni otros carnets. El 23 de junio de 2007 creó la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Ese mismo año acabó con la arbitrariedad de criterios sobre la publicidad de los documentos en manos de los archiveros que había creado la difusa ley de 1901, aún vigente. Para ello el 7 de noviembre creó el Real Decreto 1401/2007 por el que se regula la composición, funcionamiento y competencias de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos. Pero todavía más en ese año. Preocupado por la importancia de cerrar heridas creo la famosa Ley de Memoria Histórica, aunque sin dotación económica para los archivos ni proyectos archivísticos para abordarla debidamente. Tal ley oficialmente se llama Ley 52/2007 de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Toda esta legislación descubría una preocupación del presidente Zapatero por esa transparencia informativa. Tanta que en 2009 volvió sobre ello y realizó el Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Y para rematar, ya en las últimas semanas de su gobierno, cumplió con una promesa que hizo en 2004 en cuanto a archivos, que era crear una ley de archivos digna del siglo XXI que le quitase a la ley de 1901 la hegemonía como ley de referencia, y que usase criterios actuales en todos los sentidos. En 2011 aprobó para ello el Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso. Tras todo este esfuerzo del gobierno de Zapatero por crear transparencia documental en su administración, el nuevo gobierno conservador de Mariano Rajoy se enfrenta a atender a esa normativa de la Unión Europea creada en 2009 acerca de crear una Ley de Transparencia concreta en cuanto a ese aspecto. Única cuestión que Zapatero no llegó a afrontar, pero que hubiera afrontado si hubiera perdurado en una tercera legislatura. Rajoy desde 2012 ha abierto un debate público del que la AEFP está intentando ser activa. Ellos, y otras asociaciones, presentaron unas 80.000 enmiendas y propuestas, de las que el gobierno sólo ha atendido literalmente a una. Que es uno de los motivos de queja.
Expuesto todo esto hay que decir que en España sí se ha hecho mucho por la transparencia documental, y también por la intimidad de las personas con la Ley de Protección de Datos. Que lo que tenemos aquí no tiene nada que envidiar a otros países, por mucho que muchos españoles al saber que no hay una ley concreta de transparencia echen pestes sobre sus propios archivos y archiveros. Por otra parte, muchos de estos ciudadanos, la gran mayoría en términos generales, ignora la existencia de gran número de las leyes citadas, y también muchos de ellos ni han pisado un archivo ni tienen intención actual de hacerlo, ni sabrían decir qué se hace exactamente en un archivo o qué se conserva más allá de lo evidente. Opinan desde fuera, y desconfían, encima, de los profesionales del sector, a pesar de que desconocen cómo funcionan los archivos y cómo trabajan los archiveros hoy día. Pero es verdad que todas esas leyes debieran ser recogidas en una sola Ley de Transparencia para su mejor conocimiento por el ciudadano que realmente esté interesado. Puede ser positiva y deseable, pero al como la mandan desde Europa, y tal como la planea el Partido Popular, puede dar como resultado algo peor de lo que tenemos. La gente en general la aplaudirá cuando oigan que existe en un futuro, porque creerán por su nombre que es que antes no había transparencia, pero los que conocemos el sector de verdad y trabajamos en él, sabemos que puede empeorar el panorama óptimo que tenemos ahora mismo.
En la conferencia de ayer los colegas finlandeses explicaban la Ley de Transparencia británica, por la cual los británicos deben presentar todo tipo de datos personales, más su vivienda y explicar porqué quiere acceder a determinados documentos. Hecho esto el archivo, acorde con las leyes del gobierno, decide si le dan o no acceso a los documentos solicitados. Pues hombre, lo que tenemos en España es mucho más transparente que eso. Luego explicaron también la Ley de Transparencia de Finlandia. Según ella cualquier ciudadano puede acceder a los documentos con tan sólo mostrar su carnet de identificacion personal. Hasta ahí es lo mismo que en España desde el gobierno Zapatero. ¿Diferencia? Ellos tienen otra ley que precisa muy exactamente la desclasificación documental. En España eso está difuso sobre todo en los archivos militares. Aunque allí, por motivos de protección de datos personales, se esperan cincuenta años antes de dar permiso para mostrar los documentos concernientes a alguien muerto. En España es a los veinticinco años, lo que permite antes conocer determinados datos de interés para investigadores o familiares. Juzgad vosotros qué os parece más transparente.
Finlandia es además el país más transparente de Europa. Lo que no se sabe ni se airea tanto es cómo lo han logrado. Y eso lo explicaron ayer incluso haciendo autocrítica. Ellos en 1999 tenían 215.000 empleados públicos en archivos. A fecha de 2013 tienen 82.000. Han dejado sin empleo a todos los que faltan. ¿Han dejado de pedirse documentos? No. ¿Han dejado de generarse? No. Lo que ocurre es que el Estado ha ido cediendo sus archivos y la gestión de los mismos a entidades privadas. Así que el Estado genera menos documentos, por lo que custodia menos documentos, por lo que sirve menos documentos, por lo que les es más fácil crear esa transparencia. ¿Y que ha ocurrido con los otros documentos, los transferidos a entidades privadas en su gestión? Pues en palabras de los propios finlandeses el problema está en que las entidades privadas ven los archivos con ojos de rentabilidad económica, y es ahí dónde sí falta transparencia, y donde sí se dan casos de que no se sirven documentos por razones económicas. Asíque si ponemos en conjunto todo el sistema de archivos finlandés, tanto público como privado, a lo mejor resulta que no es tan gloriosa su Ley de Transparencia. Ellos decían que además desde que se aprobó tal ley no ha habido un aumento de consulta de los ciudadanos, así que es como si no se hubiera hecho. Los que más consultan son periodistas en busca de datos para sus reportajes y artículos informativos, y como mucho familiares de personas que vivieron la II Guerra Mundial. El volumen de usuarios es bajo y lo apañan con la publicación en Internet de tales documentos. Pero en España el volumen de usuarios de los archivos es muy alto, y de todas las épocas históricas, y no sólo por parte de españoles, también de extranjeros. Es más, la vía de los documentos en la red cibernética ya he dicho que se lleva haciendo desde 1992 con PARES. Pero es que incluso la via de Internet necesita de archiveros que la mantenga y que la sirva. Y los documentos físicos necesitan de archiveros que los custodien. Y para ser transparentes del todo si alguien quiere ver los originales, alguien los tendrá que atender, alguien tendrá que conservarlos, alguien tendrá que restaurarlos, alguien tendrá que fotocopiarlos o digitalizarlos, etcétera. Las cosas de Internet no salen de la nada. No se hacen solas.
Claro está que mucha gente que no conoce la realidad total del mundo de los archivos, piensa que la Ley de Transparencia será muy útil para acabar con la corrupción, porque lo que piensan es que se aplicará para que se muestren las cuentas de los partidos políticos y sindicatos, de las asociaciones, sus correos, sus actas, etcétera. Pero los finlandeses, que llevan ventaja, avisan. La Ley de Transparencia de todo país sólo afecta a los sectores públicos, no a los privados. Y los partidos y los sindicatos son entidades privadas, no públicas. Asíque esa gente más bien deben pedir una Ley de Partidos, más que una Ley de Transparencia, o ambas a la vez, pero no deben pedir algo que mezcle ovejas churras con ovejas merinas. Es más los finlandeses volvieron a avisar, en varios países donde las leyes de transparencia obligan a publicar o guardar en archivo los correos o grabaciones de llamadas, etcétera, se ha dado el caso de que no han cesado los tratos secretos, porque simplemente se han hecho sin usar correos o sin hacer llamadas telefónicas. Puso por ejemplo el caso de George W. Bush, que ha pasado a la Historia por no escribir ni un sólo correo electrónico que tenga que ver con su gobierno. Y por otra parte avisan de un caso contrario dado en Finlandia, el exceso de publicidad de las tareas de un político, al detalle, puede ocultar los casos de corrupción, en este caso de una violación, al realizar demasiado "ruido informativo" como para detectar la anomalía entre tanto dato de actividades realizadas.
Todas estas cosas debieran ser tenidas en cuenta. Porque además España avanza hacia esa privatización de la gestión de los archivos públicos. Imaginad un panorama donde se sirvan documentos del siglo XVI del Archivo de Indias, pero se corten los recursos a los documentos del siglo XVIII por falta de rentabilidad al no tener todos los usuarios que los empresarios consideren rentables en su cantidad. O que documentos administrativos de nuestras vidas diarias sean destruidos por una entidad privada porque no los vean rentables. O que se dejen de hacer por los mismos motivos, a pesar de que afecten a vidas actuales. Porque eso es lo que realmente está en juego.
España tiene edificios de lo más modernos en archivos, y máquinas, pero despide archiveros. Y no los renueva. El colapso de la justicia en parte viene por esto. Y esto fue parte del debate habido ayer. Toda Ley de Transparencia está abocada al fracaso si no se cuenta con el factor humano de contratar archiveros que saquen adelante los archivos y con ellos la ley futura. Dijeron que se dijo en el Parlamento, pero en Televisión Española ese argumento fue eliminado de la retransmisión.
Por otra parte el recelo hacia los archivos privados por parte de archiveros públicos es injustificada. Creo que se debe al desconocimiento que tienen de los mismos. Yo he trabajado en ambos tipos de archivos y creo que algún día debieran hacer algo por autoconocerse y dejar de recelar entre ellos. Sí está más justificada la desconfianza hacia algunas empresas privadas de gestión de archivos, también trabajé en una. Aparte de esto, y declarando que ya he pasado por la realidad de cinco archivos diferentes en seis ocasiones profesionales de mi vida, nunca jamás he visto que a nadie se le niegue el acceso a un documento. Hay otro tipo de problemas muy diferentes y distanciados de ese asunto. Algún día, ya lo dije una vez, hablaré profundamente de lo que pienso que falla en los archivos españoles en general. Por hoy yo creo que con todo lo dicho basta.
Saludos y que la cerveza os acompañe.
P.D.: Lemas de la AEFP que son deontología de todo archivero profesional: los archiveros deben ser independientes en su actuación científica y técnica. Deben estar capacitados profesionalmente para el ejercicio de sus funciones. Deben someterse a códigos éticos y deontológicos que sitúen su actuación en el marco del respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos. Los archiveros no deben plegarse ante cualquier exigencia que quiebre los principios éticos y profesionales. No deben resignarse o permanecer inactivos ante las actuaciones políticas que menoscaben los archivos públicos. Y no deben vivir de espaldas a la sociedad para la que trabajan.
A tener en cuenta: la entrevista a Julio Mayo Rodríguez en el Correo de Andalucía, archivero de Los Palacios y Villafranca, que se incendió hace poco y lucha por salvar documentos. Todo lo que se diga de digitalización y de leyes de transparencia no sirven de nada sin invertir en recursos humanos, sin comprometerse moral y éticamente con los documentos, y sin invertir en recursos materiales básicos.
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